María Cristina y Fernando Muñoz fueron enriqueciéndose con el dinero público, siendo acusados de abuso de poder y de aprovechar en su favor la información privilegiada de la que gozaban. Así supieron anticiparse a la crisis y se desprendieron de sus negocios asturianos un año antes de que fuera promulgado el Real Decreto donde se rebajaban los aranceles sobre los productos siderúrgicos, provocando el desastre de la siderurgia española.